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  • En vísperas de realizarse el congreso nacional de emergencia de empresarios y emprendedores en la ciudad de Santa Cruz, el presidente de la CNC dijo que es necesario que el Gobierno revise su fórmula de cálculo del PIB.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente Marco Antonio Salinas consideró que se llegó a un punto de inflexión entre el sector empresarial y el Gobierno, luego que se definiera un incremento salarial por encima de la inflación, se anunciara un doble aguinaldo sin confirmación del crecimiento económico y se aprobada la Ley de Empresas Sociales. 

“En 10 años no hubo un congreso empresarial nacional; llegamos a un punto de inflexión”, dijo al referirse a la relación entre el Gobierno y el sector privado.

En vísperas de la realización del congreso nacional de empresarios y emprendedores en la ciudad de Santa Cruz, Salinas dijo que el primer tema que se abordará será la arremetida del Gobierno en contra de los empresarios. 

“Esta arremetida se refleja en las decisiones que tomaron el 1 de mayo donde hubo incremento salarial fuera del razonamiento técnico económico, hablan de un segundo aguinaldo sin conocer si habrá el crecimiento necesario, y nos ponen una Ley de Empresas Sociales que arriesga el clima de inversiones”, aseveró.

Salinas dijo que todas esas decisiones que se adoptaron en contra del sector empresarial, se las realiza en un contexto de déficit fiscal y déficit comercial. Fuente ANF

  • El presidente de la CNC, Marco Salinas dijo que no desconocía del nuevo juicio al expresidente Carlos Mesa, contra quien consideró el Gobierno ya activó varios procesos.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Marco Antonio Salinas lamentó el fallo internacional que obliga al Estado boliviano a pagar $us 48,6 millones a la empresa chilena Quiborax por no haber sido indemnizada por la reversión de sus concesiones mineras durante el Gobierno del expresidente Carlos Mesa. Dijo que este caso muestra el  alto costo de ahuyentar inversión para el país.

“Siempre es una mala noticia que tengamos que pagar 48 millones de dólares que podían haber servido para hacer un hospital o una carretera, no son buenas noticias (…). Eso muestra que tenemos que ser absolutamente respetuosos de las normativas internacionales”, dijo el máximo ejecutivo de la CNC.

Durante una conferencia de prensa dijo que Bolivia no es un país aislado y en su relacionamiento con otros países y otras empresas conlleva responsabilidades y mucha seriedad. 

“Si se toman determinaciones apresuradas, estos son los resultados, apena profundamente al sector empresarial que hayamos perdido este proceso y llamamos a que todas las determinaciones sean con la mayor seriedad porque se ahuyentan inversiones cuando se toman malas decisiones”, dijo. Fuente ANF

  • Entidad privada lamentó que el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desfavoreció al país, que ahora debe asumir una millonaria indemnización.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Marco Antonio Salinas, lamentó el fallo internacional que obliga al Estado boliviano a pagar $us 48,6 millones a la empresa chilena Quiborax, por no haber sido indemnizada en la reversión de sus concesiones mineras, en el Gobierno del expresidente Carlos Mesa. Dijo que este caso muestra el  alto costo que tiene para el país el ahuyentar inversiones internacionales.

“Siempre es una mala noticia que tengamos que pagar 48 millones de dólares que podían haber servido para hacer un hospital o una carretera, no son buenas noticias (…). Eso muestra que tenemos que ser absolutamente respetuosos de las normativas internacionales”, dijo el máximo ejecutivo de la CNC.

Durante una conferencia de prensa agregó que Bolivia no es un país aislado y en su relacionamiento con otros países y otras empresas conlleva responsabilidades y exige mucha seriedad. 

“Si se toman determinaciones apresuradas, estos son los resultados, apena profundamente al sector empresarial que hayamos perdido este proceso y llamamos a que todas las determinaciones gubernamentales sean adoptadas con la mayor seriedad, porque se ahuyentan inversiones cuando se toman malas decisiones”, dijo.

FALLO CIADI

El fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial (BM), dispuso que Bolivia debe pagar un monto de 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras perder un juicio iniciado en 2006 ante el ente internacional.

La CIADI determinó desestimar en su totalidad la solicitud de anular el proceso en contra del Estado boliviano, presentado por el Gobierno de entonces, en 2015, contra Quiborax, luego de que el organismo diera a conocer un primer fallo a favor de la empresa el mismo año.

Bolivia fue demandada por la empresa chilena el año 2006, debido a que no recibió indemnización alguna, luego de que el entonces presidente Carlos Mesa revirtió las 11 concesiones mineras que Quiborax tenía para la explotación de ulexita, en el Salar de Uyuni.

La demanda exigía a Bolivia Bs 66 millones de bolivianos en compensación a las inversiones hechas por la empresa chilena y los supuestos daños que habría ocasionado la expropiación. Fuente El Diario

  • Con el sistema de cálculo propuesto por la CNC, la valoración de este indicador reflejaría la “realidad” y evitaría que se tenga que pagar el segundo aguinaldo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, aseguró que el Gobierno “infla” el Producto Interno Bruto (PIB) cuando elabora el cálculo de ese indicador con el método devengado, y pidió que utilice el flujo de caja para que el resultado “refleje la realidad”.

“De una forma que en ningún otro país ha pasado, el Gobierno ha casado el crecimiento del PIB al pago de un segundo aguinaldo. Como sector privado hemos hecho un análisis de la fórmula de cálculo del PIB y hemos encontrado una variable que hace que esté inflado y no corresponda a una realidad concreta”, declaró el titular del sector.

En versión de Salinas, el Gobierno utiliza el método devengado para calcular el producto interno. Es decir, si al inicio de una gestión firma un contrato para la construcción de una carretera que costará, por ejemplo, 200 millones de dólares por auna obra que será ejecutada en los próximos tres años, incluye ese monto en el PIB como si todo el dinero hubiese sido gastado al momento de la firma del trato.

“Son 200 millones de dólares que entran al cálculo del PIB sin que hayan sido desembolsados. Eso no es crecimiento real, es un crecimiento inflado, porque los desembolsos de los contratos se hacen conforme va avanzando la obra”, señaló Salinas.

El representante del sector agregó que si bien varias organizaciones internacionales no cuestionan el modelo de cálculo devengado, porque permite que los gobiernos den transparencia a sus contratos, este tipo de cálculo perjudica al empresariado porque el pago del segundo aguinaldo depende del porcentaje de crecimiento del PIB.

“Ya que el Gobierno ha casado el PIB al segundo aguinaldo, lo que pedimos los empresarios es que este cálculo se haga con flujo de caja, que lo que sale de las cuentas del Gobierno y entra al circuito económico sea lo que se mida, y no lo que se piensa gastar en los próximos años”, indicó.

Salinas sostuvo que el método devengado es aplicado en el país desde 2001 y que su institución envió una carta al Gobierno para que explique cuál es su sistema que utiliza para ese cálculo.

El 1 de mayo, el presidente Evo Morales anunció que esta gestión se pagará el segundo aguinaldo, al haber situado el crecimiento del Producto Interno Bruto en 4,5%.

“Nos hemos sorprendido, los datos que tenemos es que estamos cerca del 4,5% de crecimiento económico que haciendo un esfuerzo a junio, el crecimiento será sobre 4,5%, que garantizará el doble aguinaldo para los distintos sectores sociales”, anticipó el mandatario.

Durante este año, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL anunciaron que estiman que el crecimiento económico de Bolivia no superará el margen del 4%, pese a que el Gobierno anticipa una tasa del 4,7%.

El Decreto Supremo 1802 condiciona el pago del segundo aguinaldo a que en cada gestión fiscal el crecimiento anual del PIB supere el 4,5%. Fuente Pagina Siete

  • El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, confirmó para este martes el congreso de los empresarios para analizar la conducción económica. Dice que podría darse una "inflexión" en su relación con el Gobierno.

Los empresarios participarán este martes en Santa Cruz de un congreso nacional para fijar una posición sobre la conducción económica, en lo que anticipan será un punto de inflexión en su relación con el Gobierno. Ven que el crecimiento de la economía está “inflado”, por lo que consideran que de confirmarse el pago del segundo aguinaldo este año “pierde su legitimidad”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, confirmó en el canal universitario de La Paz la cita en Santa Cruz y perfiló que algunas de las resoluciones serán la exigencia de una auditoria al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la revisión del sistema de cálculo devengado para el crecimiento porque incorpora en su composición inversiones que se ejecutarán en tres y no en un año.

“Hemos hechos un análisis con economistas de primer nivel y la primera noticia que sale es que el PIB está inflado. ¿Por qué? Están utilizando una base de cálculo sobre la inversión pública, el Gobierno dice que la inversión pública es tan importante que hace que crezca el PIB, es un indicador importante. Utiliza (para medirlo) el método devengando; por ejemplo, por decir en enero, firman un contrato para construir un camino por $us 200 millones, pero ese camino tardará tres años en construirse y los desembolsos serán en tres años, pero con el actual sistema de contabilidad del Gobierno esos $us 200 millones (se inscriben) a la firma del contrato”, detalló.

Más de 300 empresarios de todo el país confirmaron su participación en el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores previsto para este 29 de mayo en Santa Cruz. Salinas dijo que “tal vez no somos” el primer país en crecimiento en Sudamérica a partir del sistema de cálculo que se aplica y que lo reportó el propio Gobierno.

“Este encuentro empresarial realmente marca un hito, en todo el Gobierno del MAS (desde 2006) no ha habido un encuentro nacional y eso significa que haya un punto de inflexión”, expresó y dijo que el Ejecutivo los escucha pero no toma en cuenta sus sugerencias, por ejemplo, en cuanto al incremento salarial y la ley de Empresas Sociales.

Durante los actos por el 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente Evo Morales ya anticipó la posibilidad del pago del segundo aguinaldo en este año por los indicadores económicos que hacen prever un crecimiento superior al 4,5% del PIB, condición para el pago de ese beneficio. Además ese día oficializó el incremento de 5,5 % al básico y de 3% al salario mínimo nacional.

Para los empresarios, el incremento pone en riesgo el empleo y su posición era que no debía pasar el 3% en función a los indicadores de la inflación. A eso se sumaron las críticas a la ley de Empresas Sociales, que establece que los trabajadores pueden hacer de la empresa en la que trabajan si ésta se declara en quiebra o en proceso de quiebra.

Salinas aseguró que al sector le preocupa que se haga con muchos meses de anticipación el anuncio del pago del segundo aguinaldo, que se mide por el crecimiento interanual, por lo que decidieron hacer un estudio con la participación de expertos.

“Los empresarios siempre acatamos las leyes pero cuando una ley está basada en cálculos técnicos errados, realmente pierde su legitimidad”, sostuvo. Fuente La Razón

  • El dirigente empresarial advirtió que con esta determinación los indicadores económicos se deteriorarán más.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de su presidente, Marco Antonio Salinas, calificó de político el incremento del 5,5% al haber básico y en 3% al salario mínimo nacional. Advirtió además el no pago del doble aguinaldo condicionado al crecimiento mínimo del 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En conferencia de prensa dijo que los empresarios cumplieron con el país  al advertir sobre la situación económica que se atraviesa y el planteamiento de que el incremento salarial no debía ser superior a la inflación registrada en 2017 que llegó al 2,71%.“Hemos hecho conocer al Gobierno y a la ciudadanía los efectos nocivos de un incremento mayor al 3% (...).

El Gobierno ha tomado una decisión política y por lo tanto deberá ser el Gobierno el que asuma su responsabilidad de este incremento”, aseveró Salinas.

Fuente: El Cambio

  • Salinas lamentó que en 12 años de gestión gubernamental el país siga exportando mayoritariamemte materias primas.

A pocos días de cumplirse los 128 años de la fundación de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas fue reelegido como presidente para la gestión 2018-2019. Llamó a acabar con el contrabando y ampliar la base impositiva.

Luego de un acto eleccionario realizado en el salón del directorio de esta entidad privada, Salinas fue reelegido con su directorio: Rolando Kempff fue ratificado como primer vicepresidente, René Molina como segundo vicepresidente, Javier Rojas como Tesorero y Adolfo Boyerman como protesorero.

El ejecutivo de los empresarios dijo que la CNC se encuentra fortalecida.  Dijo que entre los desafíos que asume esta institución está el trabajar para que la base tributaria se amplíe a quienes no pagan impuestos.

“La Cámara Nacional de Comercio asume la responsabilidad de mantener el país y hay un 75% de informales que no pagan impuestos (…). Los formales estamos aguantando al país, se debe ampliar la base impositiva y acabar con el contrabando”, dijo. Fuente: ANF

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, afirmó que con un fallo favorable a Bolivia en La Haya  hay  un latente “riesgo político con los puertos chilenos”, que podría perjudicar la economía,   por posibles represalias de parte de Chile. 

“El riesgo político es que la tensión pueda subir y perjudicar la economía. Ese es un riesgo latente y es una de las razones por las cuales pedimos que haya puertos alternativos, porque ese riesgo político está ahí y más allá de la voluntad de los empresarios bolivianos y chilenos, si la situación política se degradara,  los perjudicados seríamos los bolivianos en cuanto al comercio exterior”, dijo.

No obstante, Salina señaló que el sector empresarial está “muy satisfecho” con la exposición de los alegatos del equipo jurídico boliviano en la Corte de La Haya. “Nacimos con una salida al mar y corresponde que volvamos a tener soberanía sobre las costas del Pacífico”, sostuvo.

Agregó que no tener una salida al Pacífico “ha restado competitividad y al crecimiento de nuestro país en varios puntos en el PIB”, pues de acuerdo con un estudio –dijo- el daño económico es dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese marco, el ejecutivo espera que el fallo sea favorable a Bolivia y se inicien las negociaciones “de buena fe” con Chile, y que ello  permita al país  lograr una salida soberana a las costas del Pacífico.  Fuente Pagina siete

  • El presidente de la CNC cree que los empresarios privados deben estar listos y capacitados para aplicar el fallo de la CIJ sobre la demanda marítima.

Lo importante es tener muchas opciones para poder llegar a los mercados en ultramar. Esa es la postura del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien asegura que éste será un año clave para lograr alianzas empresariales con Perú que permitan desarrollar el puerto de Ilo u otra nueva alternativa.

— La Cámara Nacional de Comercio (CNC) trabajó en un estudio sobre las concesiones portuarias que tiene el país. ¿Cuál es la perspectiva de este análisis?

   El sector privado es el que tiene que dar asesoramiento, la postura técnica respecto a los puertos, porque generalmente es un tema muy hormonal para los bolivianos, (porque) cuando hay un bloqueo en Arica se dice ‘vámonos a otro puerto’, pero sin planificar. El 90% de la carga que se importa y exporta es de empresarios bolivianos, entonces son ellos los que toman la decisión final sobre el puerto.

— Existen pactos binacionales...

    Hay un acuerdo entre ASPB (Administración de Servicios Portuarios-Bolivia y Enapu (Empresa Nacional de Puertos del Perú) para llevar 60.000 toneladas de carga por año. Esto es interesante, pero solo puede hacerse a través de un consenso con el sector privado, excepto para esa carga de proyectos especiales del Gobierno que es poco. Queremos que los puertos que usemos sean más competitivos y mucho más baratos.

— ¿Y cuáles serían esos puertos?

   Hicimos en marzo (de 2017) un foro para analizar el uso de puertos alternativos (a los empleados tradicionalmente en la costa norte de Chile) y cada operador expuso sus inquietudes, beneficios y capacidades. En este tema, no todos los puertos son iguales, muchos de ellos se especializan (...). En el Pacífico solo hay dos megapuertos, Valparaíso (Chile) y Callao (Perú) y el resto, Arica, Iquique y otros son puertos de bolsillo. Entonces, tiene que haber toda una estrategia empresarial que coadyuve al Gobierno que hace los acuerdos bilaterales.

— ¿Y qué papel juegan los empresarios en esa estrategia?

    La tendencia, a partir de los años 90, es la concesión de los puertos. Eso genera un espacio nuevo para nosotros (...) y hemos llegado a la conclusión de que el país y los empresarios bolivianos tenemos que entrar en el manejo de puertos. Por ejemplo, en el puerto de Arica, el 80% de la carga es boliviana y allí hay una multitud de pequeños importadores (...) que se reúnen para aprovechar el almacenaje gratuito por un año (por efecto del Tratado de 1904). Pero esta carga ha enriquecido a los dueños de la concesión; les ha hecho ganar mucho dinero y nosotros lo vimos de palco.

— En 2004, cuando se privatizó Arica, ¿los empresarios bolivianos no participaron?

    No. Lamentablemente no ha habido esa visión; nunca hemos participado y perdimos oportunidades, aunque con Chile el tema es siempre difícil por un asunto geopolítico.

— Ahora está la concesión en Ilo. ¿Cómo está ese proceso?

    Nos comentaron que había comenzado un trabajo de la ASPB, que ahora es una empresa estratégica para esa concesión (...). Hasta ahora desconocemos las causas por las que esa entidad no llegó a presentarse. Desde el momento en que la ASPB pasó a ser una empresa estratégica nos cortaron un puesto en el directorio; nos han sacado cuando antes teníamos un escenario para coordinar.

— Entonces, los empresarios son los que tienen el desafío...

   Como el Gobierno no tomó la decisión de entrar al manejo de puertos, nosotros queremos hacerlo. Estuve en Lima (a fines de octubre de 2017), allí me reuní con autoridades del Gobierno del Perú. El vicepresidente (Martín Vizcarra) ha manifestado su enorme interés de que empresarios bolivianos y peruanos concesionen Ilo. Lo que estamos haciendo este año es hacer un consorcio boliviano-peruano y presentarnos para adjudicarnos la concesión de Ilo.

— ¿Bajo qué modalidad?

    Puede ser bajo iniciativa propia (de los empresarios) o a través de una licitación. El año pasado una empresa ofreció invertir $us 230 millones, pero el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski la desestimó. Además, antes la concesión era solo para 30 años, ahora es a 60 años y eso hace más rentable el proyecto.

— ¿Hay plazos?

   No específicos, pero hay que hacerlo cuanto antes para evitar que se nos adelanten empresarios chilenos o peruanos. La idea es que éste sea un consorcio binacional.

— Está también el proyecto del tren bioceánico...

   Esa es una gran ventaja, aunque el puerto de Ilo es muy pequeño y está muy expuesto a las marejadas; no se puede operar todo el año. Hay que construir un rompeolas que está en el orden de $us 80 millones para que líneas navieras lleguen regularmente. Ahora a Ilo solo llegan chárters (a pedido), lo que encarece los fletes (...). Se necesita también garantizar carga de ida y vuelta para hacer rentable el transporte terrestre. Desarrollar un puerto requiere de una estrategia y a nosotros nos interesa que sea operable todo el año.

— Eso quiere decir que se quiere competir con el puerto de Arica

  Los empresarios tenemos que concesionar Ilo pero sin dejar Arica y Antofagasta, que es para minerales (...). Ahora solo podemos con Ilo, porque Matarani y los puertos chilenos ya están concesionados. La otra opción es hacer un nuevo puerto en el sur del Perú que está en agenda, pero esto requiere cinco años. Tuvimos reuniones con constructores chinos para ese proyecto, pero Ilo es lo más rápido y hará que los bolivianos aprendamos del negocio de puertos. Eso debe ser este año.

— Hace falta formar administradores portuarios y esa carrera no existe aún en Bolivia...

  Si concesionamos Ilo, vamos a tener que contratar y formar a especialistas de Bolivia. Que exista esa carrera—que aún no hay—, va a servir para generar empleo.

— Y en el Atlántico está Puerto Busch. ¿Qué perspectivas se tienen para desarrollar ese puerto?

   Para el Atlántico, estamos convencidos de la rentabilidad de Puerto Busch. Hay que construirlo y estamos hablando de $us 600 millones, pero es que esto es soberanía de Bolivia. Los empresarios de Santa Cruz están trabajando ahí.

Debemos estar preparados para el fallo de la CIJ

Los empresarios exploran entre sus posibilidades de inversión una estrategia para operar el puerto de Ilo y otros embarcaderos que puedan emplearse también a merced de un eventual fallo favorable a Bolivia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

— Existen como 12 concesiones portuarias, prácticamente abandonadas y el Gobierno suele reclamar por la iniciativa de los privados.

   Los empresarios tenemos que asumir nuestro rol y ver más allá. La CNC desde abril se puso este desafío en una coyuntura que no es la misma que hace 10 años, cuando nuestra carga era muy menor.

— ¿Y por eso Arica colapsó?

   Toda esa cantidad de carga permite hacer ver que un puerto alternativo será totalmente rentable. (...). Estamos dispuestos a trabajar; hay empresas peruanas dispuestas. Muy pronto vamos a firmar un acuerdo con ellos; avanzamos de manera muy acelerada.

— ¿Con Chile no hay nada?

  Tenemos con Chile muchas conversaciones y, cuando me reuní con sus representantes diplomáticos, les sugerí que deberían permitir la participación de empresarios bolivianos en la administración de los puertos.

— ¿Pedirían ajustes en los acuerdos bilaterales que permiten el uso de puertos en países vecinos?  

  Tenemos que sentarnos con el Gobierno en el plano técnico (...). En Ilo, tenemos que trabajar a partir de una estrategia binacional y que ASPB no cobre lo que cobra en Arica porque haría inviable el proyecto.

— ¿Qué espera del fallo de la CIJ?

  Si de aquí a 20 o 50 años, Bolivia accede a un puerto soberano, ya vamos a tener gente capacitada, empresarios capacitados y así debemos y estaremos listos para trabajar.

Marco Antonio Salinas es presidente de la CNC desde abril del año pasado. El gran desafío que planteó en su directorio está vinculado con promover alianzas empresariales para operar el puerto de Ilo o construir uno nuevo en el sur del Perú. Pide para ello una estrategia nacional con mirada al mar.

Pérfil:

Nació en La Paz el 22 de enero de 1964. Profesión: Administrador de Empresas. Ocupación: Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) desde abril de 2017. Vinculado a los rubros de la construcción y servicios. Fue vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia; ocupó varios escaños en gremios empresariales. Fuente La Razon

Los empresarios privados del país acatarán el paro cívico nacional convocado para hoy 21 de febrero y advirtieron que, “el desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado genera incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de credibilidad de las instituciones que han sido llamadas a garantizar el estricto cumplimiento de la ley y los resultados democráticos”.

Luego de una reunión de directorio realizada la noche de este lunes, la Cámara Nacional de Comercio que agremia a más de 1.000 empresas afiliadas en un pronunciamiento aclaró: “Los empresarios tenemos una sólida vocación democrática porque contribuimos al desarrollo generando innovación, inversión y fuentes de empleo permanente. Ello nos permite manifestar nuestra posición de forma orgánica e institucional”.

CUESTIONAMIENTO

Al declararse, “respetuosos de la Constitución Política del Estado que refleja el pacto social de todos los bolivianos y es la base de la convivencia pacífica”, exhortaron a gobernantes y gobernados a respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 2016, dado que todos estamos obligados a cumplir el mandato del acto de elección del soberano.

Consideramos que el desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado es una actitud que podría debilitar el Estado de Derecho. Instamos al Gobierno Nacional, representante genuino de las aspiraciones sociales, a respetar los principios que rigen el marco democrático.

SEGURIDAD JURÍDICA

Entendemos la necesidad de establecer un ordenamiento social que garantice, preserve y proyecte la democracia en el tiempo y en el espacio. De ese principio general se desprende el ordenamiento jurídico que establece la necesidad de sacrificar, en parte y en forma equitativa, los derechos individuales en pro del interés general. El mantenimiento pacífico de ese ordenamiento vinculante de la sociedad, es la seguridad jurídica por todos anhelada.

“Reiteramos al Gobierno Nacional nuestra voluntad de seguir trabajando en el desarrollo económico y social de Bolivia, para lo que se requiere de una alianza estratégica sostenible entre el Gobierno y los empresarios en el marco de la responsabilidad social, que permita combatir la pobreza, estableciendo las condiciones necesarias para atraer inversiones y generar empleo digno y permanente. Demandamos un trabajo articulado y eficiente ante los desastres naturales que afectan a varios municipios y departamentos de Bolivia”.

“En ese entorno y conscientes del impacto negativo que las medidas de presión tienen sobre la dinámica económica, instamos a los empresarios a sumarse a esta reivindicación en defensa de la democracia, dejando en libertad la decisión de cada uno de cumplir el paro cívico convocado a nivel nacional, mismo que será acatado por nuestra institución”, señaló el pronunciamiento divulgado ayer. Fuente EL DIARIO

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