Por Rosa Talavera Simoni. Foto: archivo de imágenes del BCB.-
(En recuerdo de Rubén Vargas Portugal para quien la ausencia de sindéresis era intolerable)
En dos artículos anteriores: ¿Cómo ayudar a los inquilinos sin arruinar a los dueños de casa? y Proyecto de Ley de Condonación de Alquileres: ¡QUE LOS DIOSES NOS LIBREN DE ESTOS PARLAMENTARIOS!, abordé el tema del tratamiento de los contratos de alquiler en el marco de la crisis causada por el COVID19, a partir del demagógico proyecto de Víctor Borda, quien ejerce como diputado. A la fecha, el proyecto ha sido aprobado por la Cámara Baja y enviado al Senado para su consideración.
Anoté, primero, que había una mirada estereotipada de la relación de los propietarios con los inquilinos, que muestra a aquellos como ricachos desalmados y, a éstos, como víctimas; y que esa mirada ignora totalmente que, de aprobarse la Ley de Borda, muchos propietarios de bienes en alquiler quedarían privados de los recursos con los que subsisten; en síntesis, una mirada que ve solo un lado de la ecuación. Hice luego una propuesta de tratamiento tributario tendiente a dar una salida al problema en la que, tanto los propietarios como el Estado, asumieran parte de las pérdidas asociadas a las dificultades de pago causadas por la pandemia, sobre todo en el caso de alquileres relativamente bajos y destinados a vivienda, y sugerí que, en los otros casos (alquileres más altos y locales destinados a actividades económicas), el asunto se tratara entre las partes contratantes, para llegar a un acuerdo que reconozca los intereses y la situación de ambas; apunté además, que dado que no todos los casos presentan las mismas características, no es posible aplicar una medida de alcance general. Mencioné también que los beneficios tributarios que ofrecía el proyecto de Borda y que sus colegas aprobaron, mostraba muy poco conocimiento de los temas tributarios y, finalmente, que la iniciativa propuesta era absolutamente inconstitucional, sabiendo que, para los gobernantes y legisladores masistas, esto ha sido casi siempre un detalle irrelevante.
La Asociación de propietarios de bienes inmuebles de La Paz, ha hecho un exhaustivo recuento de todas las aberraciones legales que contiene el proyecto, demandando que no sea aprobado, ya que, de aplicarse su contenido, los propietarios de inmuebles quedarían despojados de su derecho propietario y, muchos de ellos, sin su único medio de sustento. Por su parte el abogado Walker San Miguel, Ministro de Defensa del primer gobierno de Evo Morales, Cónsul de Bolivia en Santiago de Chile, entre 2010 y 2016, y representante de Bolivia ante la Comunidad Andina de Naciones hasta enero de 2018, en un artículo recientemente publicado en un diario nacional, Inquilinato y solución de controversias ha escrito que, tratándose de un contrato privado, cualquier controversia debería dirimirse en ese ámbito y que, de no ser posible un arreglo entre partes, lo pertinente sería recurrir a un recurso de conciliación extra judicial. En un párrafo final, San Martin declina referirse al proyecto aprobado por los parlamentarios que nos dejó la última re elección de Evo Morales, debido a que “el proyecto de marras, lejos de alentar la solución de controversias derivadas del inquilinato, los agravará por su confusa redacción y ausencia total de sindéresis jurídica”. ¿Sin de qué? Sindéresis: facultad de pensar y juzgar con rectitud y lucidez, define una fuente de Google. Dice otra, más amplia, que la sindéresis supone la capacidad de tomar decisiones y emitir juicios sensatos y positivos, calidad que se considera indispensable no solo en los jueces, sino también en los políticos, gobernantes, legisladores y dirigentes de todo tipo y que, evidentemente, no fue una virtud que adornara a una gran mayoría de quienes acompañaron la larga gestión del MAS.
Volviendo al proyecto aprobado por los diputados, hay que señalar que en su esencia, recoge una mirada condenatoria de la actividad empresarial exitosa, o incluso del progreso económico de individuos particulares, una mirada que prevalece en el país, más en unas regiones que en otras, pero que sin duda es un componente negativo de la cultura nacional.
Esa mirada parcial y adversa a las actividades que tienen éxito en la producción de riqueza, también se está expresando al interpretar la aplicación de lo previsto en la Ley 1294 y en el DS 4206, en relación con la duración del diferimiento de las amortizaciones crediticias de quienes tienen deudas con el sistema financiero. En este caso, los malos de la película son los banqueros quienes, hay que reconocer, han hecho histórica e internacionalmente, méritos suficientes para tener mala prensa.
Pero en el caso del tratamiento de los créditos en esta emergencia, no mirar los dos lados de la moneda, lleva a perder de vista el efecto que un diferimiento generalizado del pago de las cuotas de amortización, por un período de hasta 9 meses, tendría sobre los bancos que, como se sabe, arriesgan en sus operaciones de crédito no solo su propio patrimonio sino, fundamentalmente, los ahorros del público. Esta otra cara de la moneda es la que trata de mostrar Jaime Dunn en una reciente nota de Jimena Mercado en Cabildeo Digital ( JAIME DUNN: DIFERIMIENTO DE DEUDAS PONE EN RIESGO AL SISTEMA FINANCIERO. Cada mes dejará de percibir 3500 millones de Bs.) y que se resume en la siguiente frase: “La Ley 1294 está siendo discutida e interpretada con un sesgo que expresa el actual contexto electoral de polarización política, lo que está muy lejos de promover el bien público mayor, sin importar las serias consecuencias negativas que se puede infringir en el sistema financiero nacional, atentando la estabilidad económica del país”. Sin duda, habrá algunos deudores que no podrán hacer frente a sus obligaciones y que requerirán que los bancos les otorguen un tratamiento diferenciado, quizás con participación del gobierno nacional, pero hay otros que tratarán de pescar en río revuelto, sin considerar las consecuencias asociadas. Otra vez, la negociación caso por caso, con una dosis alta de sindéresis, ahora económica y ética, debería ayudar a encontrar una salida que no conduzca al descalabro.
Lamentablemente, el gobierno actual ve mermada su capacidad para arbitrar este conflicto entre deudores y acreedores, pues con una mano se tiene que ocupar de gestionar la crisis en que se debate el país -crisis que tiene múltiples y complejas facetas- y, con la otra, tiene que abonar sus expectativas electorales.