En las últimas horas y a raíz de la emisión de la Resolución Ministerial N° 0043 del Ministerio de Salud y Deportes, las clínicas y centros privadas de Salud de Bolivia se declararon en emergencia en rechazo a esa normativa que fija una lista de precios de los medicamentos y los servicios en establecimientos farmacéuticos, laboratorios y las clínicas del país para el tratamiento del coronavirus.
“No entendemos si lo que desean es amedrentarnos y que no atendamos a los pacientes con COVID-19, que quebremos, cerremos o sindicarnos como chivos expiatorios. Por ello, nos declaramos en emergencia para ir trabajando con los diferentes sectores la defensa de la vulneración de los derechos constitucionales de los que estamos siendo víctimas”, señala el comunicado emitido por el sector.
En esa línea, las clínicas privadas del país denunciaron que han sido amedrentadas y criminalizadas debido al anuncio de la Policía de que harán controles en esas instituciones para verificar el cumplimiento de dicha resolución ministerial.
El 27 de enero de este año, el Ministerio de Salud publicó dicha normativa que establece que los precios máximos para la prestación de servicios de análisis de laboratorio y de los servicios de salud relacionados al coronavirus en establecimiento de salud del subsector privados no podrán exceder el 5% del señalado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED).
La resolución señala que la atención integral en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en clínicas privadas tenga un precio de Bs 3.324 por día; la atención integral en la unidad de cuidados intermedios sea de Bs 2.604; y la atención en sala común sea de Bs 1.137. En tanto, la ventilación mecánica tiene un coso de Bs 755.
La norma también dispone que el costo de los medicamentos en recintos privados debe mantenerse de acuerdo con lo establecido por la AGEMED.
Ante esto, el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia), Gustavo Jáuregui informó que el Comité de Clínicas y Centros de Salud Privados se reunió de emergencia y efectuó un análisis jurídico y técnico de dicha resolución y estableció que la norma no cuenta con un estudio base matemático actuarial sobre los precios y gastos que implica la atención de los pacientes con COVID-19 para los servicios de salud del sector público y privado.
“La norma define precios máximos sin relación directa con la realidad actual lo que implicaría un mecanismo de regulación y control de precios en todo el sistema de salud. La disposición parece que es una réplica de lo que pretendería la Ley de Emergencia Sanitaria que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó Jáuregui.
En ese sentido, las clínicas privadas rechazaron dicha resolución porque criminaliza al sector e invitaron a las autoridades a conocer los costos reales de la prestación de servicios médicos del subsector privado para el tratamiento de los pacientes con coronavirus.
“Terceros afirman falsamente, sin conocer la más mínima realidad de sector, que las clínicas han sido especuladoras económicas de la pandemia. Invitamos a las autoridades a conocer la verdad material de los costos del sector que lucha continuamente por sobrevivir económicamente y que el 2020 fue el año más difícil de nuestra historia, ante la gran y compleja amenaza de salud producida por el COVID-19”, indica el comunicado del sector.
En tanto, el sector también denunció que la norma vulnera el artículo 39 de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala que el Estado debe garantizar el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.
“Hemos solicitado formalmente una reunión con el Ministro de Salud con la finalidad de generar una instancia de diálogo público – privado que permita consensuar normas equitativas, ecuánimes y racionales, con los actores de la sociedad que van a ejecutarlas, en éste caso las Clínicas y Centros de Salud Privados”, enfatizó el gerente de la CNC – Bolivia.