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No debemos gastar los ahorros de la jubilación

Por: Rolando Kempff Bacigalupo  

Las AFP  administran los aportes de jubilación individuales en Bolivia desde 1997.

El Sistema Integrado de Pensiones (SIP) fue creado con la finalidad de garantizar, a todos los bolivianos, el acceso a la seguridad social de largo plazo por medio de una jubilación digna. La posible devolución de los ahorros, sea parcial o total, pone en riesgo la jubilación de muchos trabajadores actuales y podría desestabilizar al Sistema Financiero nacional.

Antes de hacer cualquier modificación a las normas para la devolución de aportes, sería importante primero, saber si se ha realizado algún estudio actuarial para verificar si esta devolución de aportes no afecta la sostenibilidad del sistema a largo plazo y, consecuentemente, las pensiones para la jubilación.

Se debe cuidar la estabilidad de la que goza el sistema financiero en las últimas décadas. El mayor porcentaje de los algo más de 20.000 millones de dólares de ahorro de los fondos de pensiones se encuentra invertido en DPFs de entidades financieras, lo que ha permitido créditos a largo plazo y a bajas tasas de interés. Todo esto podría desestabilizarse si se reducen sus fondos por inyectar dinero a corto plazo para el consumo, que podría llegar a unos 1.200 millones de dólares según Jaime Durán Chuquimia, economista y exviceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal.

También se debe evitar afectar el empleo; ya que los fondos de pensiones también financian directamente la producción a través de la inversión en bonos de empresas y Bolsa de Valores.

El presidente Luis Arce explicó en su cuenta de Twitter: “Enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para la devolución de un porcentaje de los aportes de las AFP. El objetivo es mitigar los efectos económicos de la pandemia. Queremos beneficiar a la mayor parte de la población aportante”. Y, El jefe de bancada de diputados del Movimiento Al Socialismo, Hernán Durán, dijo que será la Comisión de Planificación la que revisará en detalle el proyecto de ley.

El proyecto de ley contempla retiros escalonados. “De acuerdo al proyecto de ley se contempla la devolución de hasta 100% y de ahí varían porcentajes.  De  1.000 a 10.000 bolivianos se podría retirar el 100%, es lo que se está proyectando, pero aún no conocemos todo el proyecto de ley. Las personas que tiene  mayor cantidad de aportes en las AFP podrán retirar menos”. También con estos recursos se podrían cancelar deudas pendientes que tienen las personas en la Banca.

Luego de que se presentó el proyecto de ley al Legislativo, el Ministro de Económica y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, pidió a la población cuidar el beneficio de la jubilación y solo analizar un eventual retiro de aportes en caso de mucha necesidad. “Creemos que la mejor decisión tal vez sería siempre dejar que estos recursos sigan ganando rentabilidad para tener una buena jubilación”.

Debemos tomar en cuenta que sólo el 1% de los recursos que manejan las AFP son fondos líquidos. El resto se encuentra invertido en diferentes instrumentos como títulos-valores y  bonos, todos a largo plazo.

En los fondos de pensiones se debe tomar en cuenta que de todo el dinero que van acumulando los trabajadores en su vida laboral, un 50% proviene de las inversiones que realizan las AFP con el dinero de los aportes.

Según datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros, al 31 de agosto de 2020, la cartera invertida de los fondos del SIP manejados por las AFP ascendía a 20.271 millones de dólares, de los cuales 19.210 millones de dólares están invertidos en el mercado local en bonos corporativos de largo plazo, bonos del Banco Central de Bolivia, bonos del Tesoro General de la Nación, Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y  Letras del Tesoro, entre otros.

Otros 789,7 millones de dólares fueron invertidos por las AFP en bonos de deuda soberana emitida en el extranjero y sólo 271 millones de dólares están invertidos en recursos de alta liquidez.

Antes de aprobar el proyecto de ley de referencia, la Asamblea Legislativa debe tomar en cuenta los variados puntos de vista de profesionales y diversas organizaciones nacionales, que pueden orientar mejor la toma de decisiones, evitando perjuicios a la economía nacional.

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*Es Economista, licenciado en la U.M.S.A.,  con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina  y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).

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